Los condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar ascienden a 531 y 56 los absueltos, según los últimos datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal.
Desde el 24 de marzo pasado –fecha de la última estadística conocida- se dictaron cinco nuevas sentencias condenatorias a 22 acusados (la mitad de los cuales ya habían recibido condenas en otros procesos) y una absolutoria para otros dos. En tanto, la Cámara Federal de Casación revocó cuatro absoluciones y ordenó que se fijen penas.
En consecuencia, en poco menos de tres meses los condenados ascendieron de 520 a 531.
Por otra parte, hay 1.135 procesados y desde 2003 fueron judicializados los casos de más de 10.500 víctimas, siendo esta la primera estimación oficial.
Además, hay 927 detenidos, de los cuales más del 60% se encuentran alojados en cárceles y poco más del 30%, en prisión domiciliaria.
Según un informe de la Procuraduría, el 58,15% de los procesados cuenta con una causa elevada a juicio (561 personas) o con requerimiento de elevación a juicio (otras 99) presentado por el Ministerio Público Fiscal.
La Procuraduría informó además que "desde que se iniciaron los juicios por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado en 1983 hasta el presente, se han realizado 123 juicios, 108 de los cuales han sido a partir del 2004", con un récord anual para 2013, año en el que concluyeron 24 procesos.
En la actualidad se está juzgando a 268 personas por los crímenes cometidos en perjuicio de 2.185 víctimas.
A su vez, la Procuraduría destacó que desde 2012 las fiscalías han prestado "especial atención a las investigaciones sobre responsabilidad de actores civiles", colectivo que comprende a los funcionarios de gobierno y judiciales, y a los empresarios y grupos económicos.
En ese marco, subrayaron entre "los avances significativos", el inicio del juicio en Mendoza, que tiene imputados a los exjueces Rolando Evaristo Carrizo Elst, Luis Francisco Miret, Guillermo Max Petra Recabarren y Otilio Ireneo Roque Romano Ruiz; el que comenzaría el próximo 11 de agosto en Santa Fe al exjuez de menores Luis María Vera Candioti; y el que tiene imputado al exfiscal Gustavo Modesto Demarchi en Mar del Plata.
También hicieron hincapié en los recientes requerimientos de elevación a juicio respecto del exfiscalRoberto Mazzoni y el exjuez Luis Ángel Córdoba en Resistencia, y del exjuez Roberto Catalán en La Rioja.
Esas situaciones se dan en un contexto que involucra a otros 16 exfuncionarios judiciales procesados, entre quienes se encuentra el caso más reciente del extitular del Juzgado Federal Nº 2 de la Capital Federal, Rafael Sarmiento.
El organismo también ponderó la elevación a juicio de la causa en las que se investiga la responsabilidad de los exdirectivos de las empresas Ford y La Veloz del Norte.
Por último se mencionó el reciente inicio de algunas investigaciones tendientes a dilucidar la participación que habrían tenido los directivos de Acindar, Molinos Río de la Plata y de las filiales cordobesas de Fiaten los secuestros y desapariciones de varios trabajadores de esas empresas.
