La Comisión Provincial por la Memoria presentó en Mar del Plata el décimo informe realizado del Comité contra la Tortura, a partir del trabajo de monitoreo realizado en las más de 50 cárceles que existen en la provincia de Buenos Aires. Son en total 443 páginas en las que se quedaron registradas las condiciones de hacinamiento en las que viven unas 30 mil personas privadas de su libertad; cómo opera el control territorial a través de la tortura, las ejecuciones policiales y el gatillo fácil; el reclutamiento para el delito, el armado y fraguado de causas, y las detenciones sin orden judicial, entre otras cuestiones.
Según explicó el presidente de la Comisión, Hugo Cañón, el informe permite tener un panorama que da cuenta del “desarrollo de las políticas criminales de la Provincia y algunos avances que se han dado en temas puntuales, como por ejemplo, una resolución de la Corte que tiene que ver con impedir el traslado de detenidos sin autorización de los jueces”.
“Es una especie de constancia de un sistema que hemos denominado ‘la crueldad’ porque se mortifican los cuerpos de las personas privadas de la libertad desde un sistema que es muy perverso, que aplica metodologías de tortura y de suplicio, y con una estructuración muy corrupta con delitos cometidos por el Servicio Penitenciario y con aval institucional del Poder Ejecutivo y de los jueces, que son conscientes de que este tipo de prácticas se pueden realizar”, dijo en declaraciones a 0223.
En ese orden, Cañón señaló que el objetivo es “dar visibilidad a esta problemática para que la sociedad tome conciencia de esta cruel para que tenga en cuenta que los que están alojados en establecimientos penales no son ajenos a la sociedad, sino que son unos ‘otros’ pero de ‘nosotros’, no unos ‘otros’ diferentes que deben ser enviados a un lugar de exclusión y de exterminio como son las redes de detención”.
A su vez, indicó que también se busca que desde el Estado “se apliquen políticas de respeto de los derechos humanos” porque si bien en Argentina hay en vigencia una gran cantidad de normas jurídicas y tratados internacionales, “en la práctica no se ven”.
En relación al balance que se hace a partir de los monitoreos realizados durante la última década, el titular de la CPM evidenció que “han habido altibajos” aunque “en general, se registra una continuidad de ese perfil que tiene una impronta que viene de tiempos muy remotos”. Además reconoció que hubo “algunos intentos de modificación, como a política llevada adelante por (León) Arslanián cuando fue ministro de Seguridad”, pero reparó en que se detectó un “incremento de cantidad de presos”.
“En la época de Armendáriz, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, había 5 mil presos en la provincia de Buenos Aires, mientras que en 2006 llegó a haber 30 mil”, reflejó.
Pese a que aclaró que después se produjo “una especie de amesetamiento” porque la cantidad de detenidos se ubicó entre los 26 ó 27 mil, advirtió que “actualmente estamos nuevamente en el nivel de 2006”. “Esto demuestra que es falsa la argumentación que indica que entran por una puerta y salen por la otra porque la cantidad de detenidos es desorbitante”, aseveró.
Durante la presentación del informe estuvieron presentes también los directores de los equipos de trabajo de la institución Alicia Romero -responsable de las inspecciones del CCT- y Rodrigo Pomares -a cargo del Programa de Seguridad Democrática-; además de referentes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos local.
